miércoles, 25 de febrero de 2009

Venganza contra los pueblos defensores de la tierra

Venganza contra los Pueblos Defensores de la Tierra.

Pterocles Arenarius

Ignacio del Valle era el líder más importante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. En este momento este hombre está condenado a 112 años de prisión y se encuentra recluido en el penal de alta seguridad del Altiplano. ¿Es Ignacio del Valle un peligroso criminal como el Mochaorejas o tantos y tantos funcionarios que han robado al erario escandalosamente? ¿Se robó ―como dijo Luis Téllez que sí lo hizo Carlos Salinas, aunque luego se haya desdicho―, cientos de millones de pesos que pertenecen a todos los mexicanos? No, por cierto. ¿Cuál es el espantoso crimen que cometió Ignacio del Valle para ser condenado a dos vidas de cárcel?
Defender a su pueblo, San Salvador Atenco, contra la voracidad de funcionarios tan corruptos como el ex presidente Vicente Fox Quesada quien intentara apropiarse de las tierras donde vivía Ignacio del Valle para realizar un negocio de ganancias sin medida: construir un aeropuerto para lo cual antes debían despojar de sus tierras a los habitantes de San Salvador Atenco y otros pueblos.
Acusan a Ignacio del Valle de asociación delictuosa, ¿como la que realizan el gobernador Enrique Peña Nieto para proteger a su familiar el ex gobernador Arturo Montiel, quien saqueó impunemente las arcas del gobierno del Estado de México? ¿O como la que lleva a cabo el señor Vicente Fox para defender a sus entenados los hermanos Bribiesca contra el castigo que se merecen por las miles de raterías que cometieron al amparo de su padrastro presidente y su mamá, la señora Marta Sahagún? ¿O como la protección que el gobierno guarda para esta misma señora Sahagún luego de seis años de que se dedicara a cometer todo género de latrocinios a través de la organización Vamos México? ¿O al menos Ignacio del Valle cometería los monumentales saqueos que llevó a efecto Diego Fernández de Ceballos actuando como coyote de grandes empresas desde su posición privilegiada de senador? ¿Puede ser que haya actuado como el difunto (qepd) Camilo Mouriño, quien siendo presidente de la Comisión de Energía del Congreso de la Unión y luego subsecretario de Energía proveía de asesoramiento (y contratos) a las empresas de su familia?
¿Algo así hizo Ignacio del Valle para que lo hayan condenado a pasar más de la vida entera en una prisión que, al mantenerlo incomunicado, al impedirle las visitas de sus parientes, al mantenerlo con prohibición para hablar por teléfono, al permitirle sólo media hora de asolearse por semana, lo tratan como si fuera un peligroso criminal, violando sus derechos humanos? Lo acusan de “secuestro equiparado”. ¿Ignacio del Valle torturó a los funcionaretes corruptos que los militantes del FPDT retuvieron? ¿Les pidieron dinero o sólo les exigieron que cumplieran con su obligación? ¿Les mocharon una oreja o un dedo? ¿Les robaron algo? Nada de eso hicieron los militantes del FPDT contra unos gobernantes que han saqueado permanentemente los dineros que pertenecen al pueblo, que han reprimido sin medida ni compasión, que son mentirosos por sistema y que tienen al país al borde del colapso.
El castigo contra Ignacio del Valle y dos militantes más del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra es más bien una venganza de los gobiernos federal, primero Fox, luego Calderón y Enrique Peña Nieto, alias la Barbie o la Gaviota. E igualmente pretende ser un ejemplo contra todos los luchadores sociales, para que no se opongan a las medidas en contra de la mayoría de los mexicanos que está aplicando el actual gobierno.
Un país no puede estar bien si los expertos a quienes se encarga la impartición de justicia tienen resoluciones sesgadas en favor de grupos particulares. Así ocurrió en el año 2006, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio su fallo admitiendo que en las elecciones presidenciales había habido irregularidades, que se había violado la ley, pero que eso no había sido definitorio para el resultado de ese proceso electoral. En lenguaje llano diríamos que “Se violó la ley, pero poquito” y dejaron a Felipe Calderón con la imborrable marca de Presidente Ilegítimo. Título hoy suavizado por su compinche Lorenzo Servitje quien lo llamó “pobrecito señor presidente”.
Antes, en el año 98 del siglo pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) examinó el acto de anatocismo dictaminó que este despojo era legal, es decir, que los deudores están obligados a pagar intereses de intereses, en un fallo que es escandalosamente favorable a la gente que se cuenta entre los que gozan de más privilegios, los banqueros.
En el Consejo de la Judicatura, los magistrados que se encargan de vigilar a los jueces, magistrados e incluso ministerios públicos, jamás ha enjuiciado a ningún miembro del Poder Judicial. ¿Por qué? Sin duda debe ser porque estos magistrados creen que todos los miembros del poder judicial mexicano son absolutamente impolutos. Lo cierto es, como sabemos todos los mexicanos, que la justicia mexicana es de las más corruptas del mundo, tanto que se encuentra en gran medida comprada por el crimen organizado, los narcotraficantes.
En otro momento, la SCJN, en un acto incalificablemente absurdo falló para exculpar al llamado “góber precioso” Mario Marín, presunto culpable de actos de pederastia y de diversas violaciones a la ley para perjudicar a la defensora de derechos humanos y militante feminista Lydia Cacho.
Y la última hazaña de la Suprema Corte de Justicia es la de dictaminar que sí hubo excesos en el uso de la fuerza (entendamos violaciones a los derechos humanos y dos asesinatos entre ellos) enviada por Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y Manuel Medina Mora, entonces director de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para reprimir el movimiento del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, estos funcionarios, según la Suprema Corte de Justicia, no tienen culpa alguna en tales violaciones.
Y para que sea más notorio el odio contra los luchadores sociales, apenas el 18 de febrero de 2009 salieron de prisión los autores, el intelectual y el material del asesinato del destacado periodista Manuel Buendía: José Antonio Zorrilla, el que fuera temible jefe de la siniestra Dirección Federal de Seguridad y Juan Rafael Moro Ávila Camacho, descendiente de Manuel Ávila Camacho, ex presidente de México y asesino material del periodista. Es decir, los criminales confesos y comprobados tienen perdón y hasta pueden salvarse. Los defensores del pueblo no.
La descomposición de la sociedad mexicana es efecto esencialmente de tres fenómenos: uno, el crecimiento cero de la economía mexicana durante poco más de un cuarto de siglo; dos, la monstruosa desigualdad de ingresos o el abismo que se ha creado entre pocos sujetos archimillonarios y gran número de pobres que están muy cerca de la hambruna y tres, la corrupción rampante en el gobierno. Lo extraño es que el desastre que está ocurriendo en este momento no hubiera ocurrido antes. Otra cosa que sorprende es que la situación no sea peor.
Lo que alarma es que el gobierno sea incapaz de gobernar ante los compadres que se han apropiado de la economía y gran parte de los recursos de nuestro país; los que han creado la “economía de compadres” que ha sido ampliamente señalada en diversos foros del mundo. Los compadres tienen secuestrado a México. Nadie puede progresar en este país si no son ellos.
Hoy las instituciones, desde la Presidencia de la República (cuyo titular, en un acto descabellado asistió a la llamada cumbre de Davos a proponer un ¡Fobaproa mundial!) se han deslegitimado a sí mismas tanto que darían risa si no fuera porque perjudican a millones de personas y provocan con ello el clima de ingobernabilidad, de caos (en Estados Unidos ya consideran a México un “Estado Fallido” o tierra sin ley) y continúan agrandando las inmensas desigualdades e injusticias que agravian a la mayoría de los habitantes de este país.