martes, 10 de agosto de 2010

¿Quién comete un crimen?

¿Quién comete un crimen?
Pterocles Arenarius

Alguien está cometiendo un terrible crimen. El Gobierno del Distrito Federal (GDF), cuyo poder legislativo ha hecho legal la interrupción del embarazo hasta antes de las doce semanas (beneficio al que se han acogido 22 mil 198 mujeres sólo en el 2009) o bien el gobierno de Guanajuato que ha sentenciado a la cárcel a Araceli Camargo, Yolanda Martínez, Ana Rosa Padrón, Susana Dueñas y Liliana Moreno con penas que van de los 20 a los 30 años de cárcel.
¿Quién está cometiendo el crimen? ¿El poder judicial del soberano estado de Guanajuato metería durante veinte o treinta años a las 22 mil 198 mujeres que han abortado con asistencia de la autoridad en el DF?
El GDF, sin duda, daría libertad sin más averiguaciones a las mencionadas Araceli, Yolanda, Ana Rosa, Susana y Liliana.
Aquí hay un conflicto muy grave. Vivimos en el mismo país y mientras Guanajuato trata a sus mujeres como si vivieran en la edad media o en Irán, les desgracia la vida a las que abortan, el Distrito Federal no sólo las perdona ¡sino que las ayuda a abortar (antes de las doce semanas de preñez) y las protege!
No es ocioso señalar que esto es una clarísima evidencia de la brutal división que hay entre los mexicanos. Un estado castiga y el otro colabora con las mujeres que hacen la misma acción: abortar. Por cierto, una pregunta a todo el poder judicial guanajuatense: ¿a cuántos años —¿20, 30 ó 40?— condenarán a todas las mujeres guanajuatenses que están viniendo al DF a abortar gratuitamente y con asistencia médica?
Debe estar muy contento el señor Calderón, pues él siempre ha trabajado en los hechos para provocar el encono y la división entre los que dice gobernar (aunque en las palabras llame a la unidad y nos pide que lo apoyemos).
Hay un señor —con notable debilidad argumentativa (y también mental, como otro que dicen que nos gobernó y que se apellida Fox)— quien arguye que las mujeres mencionadas están en la cárcel por infanticidio y no por abortar. Sus dichos —que no argumentos— son idénticos a los del desvergonzado Norberto Ribera, protector del cura pederasta Nicolás Aguilar Rivera, violador de más de ¡doscientos niños! Ribera llama aberrante la decisión de la Suprema Corte de Justicia cuando ésta, en una de sus pocas decisiones lúcidas, determinó que la celebración de los matrimonios homosexuales es un acto legal y que tales uniones deben ser reconocidas en todos los estados de la federación. Lo aberrante, dado caso, es que un jerarca de esa camarilla de abusadores sexuales en que se ha convertido esa iglesia, se atreva a meterse en las vidas ajenas mientras trata de ocultar la vasta pudrición moral en que han incurrido cientos de sacerdotes en todo el mundo católico y al menos uno de sus subalternos correligionarios al que él sigue protegiendo.
Los católicos dicen que el aborto siempre viola las leyes de Dios. Primero que nada anotemos que, como dijo Friedrich Nietzche, “Dios ha muerto”, si es que alguna vez estuvo vivo. Y también, como dijo Dostoyevski (y con su perdón): “Si Dios no existe todo está permitido”. En la práctica de la dura realidad, la historia nos ha probado millones de veces que Dios no existe, o bien que sí existe, pero está tan ocupado en los altos asuntos del gobierno del universo que le importa un miembrillo lo que hagamos acá abajo, en el planeta Tierra. Es decir, desde siempre Todo está permitido.
Por eso los hombres —sin esperar intervenciones divinas— inventaron las leyes.
Las leyes son para que las cumplamos todos, porque nos garantizan que no todo estará permitido, que ningún sujeto con cualquier forma de poder abusará de nosotros. Porque independientemente de la edad, la condición socioeconómica, el color de la piel, la preferencia política, musical, deportiva o sexual, todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, ante la ley. Ningún heterosexual tiene derecho, de ninguna manera, de imponer sus gustos sexuales a nadie. Igualmente, un homosexual no puede obligar a nadie a que adopte sus preferencias sexuales.
En segundo lugar —y como opinión muy personal— sostengo que si hay leyes divinas, ésas son las que nos impone la naturaleza (la gravitación, el electromagnetismo, la inevitable muerte y la también inevitable vida, entre muchas más). Ahí hay una clave esencial: la vida de una mujer que aborta no se pone prácticamente en peligro si lo hace dentro de las primeras doce semanas de embarazo. Después de las doce semanas de gestación la vida se vuelve inevitable, a menos que la mujer también ponga en peligro su existencia. La naturaleza le impone ese lapso a las mujeres, a la vez que se lo da para que en esos tres meses decida si desea mezclar su esencia con la de ese hombre que engendró una vida en ella, quizá contra la femenina voluntad.
Si una mujer ha sido violada, su derecho mínimo e inmediato, lógico e irrenunciable es el de abortar al engendro del criminal que abusó de ella. Pero no sólo en ese caso. Su una mujer tuvo relaciones sexuales sin cuidarse y con una persona con la que no tiene una relación afectiva estable, también tiene el derecho, en los mismos términos que en el caso anterior, de abortar.
Si una mujer quedó embarazada de su marido o de su pareja, pero es quien afectivamente ya no la satisface y desees separarse de él: es su derecho abortar. Si una mujer tienen cuatro, cinco o seis hijos y quedó embarazada sin desearlo, tiene todo el derecho de abortar para no empobrecer (ya mucho nos han empobrecido los políticos del PRI durante más de 70 años e igualmente o más han hecho los del PAN en los últimos diez. E impunemente todos), para no empobrecer, decía, el nivel de vida de sus hijos. Para todos esos casos, madre natura da a las mujeres esos tres meses de gracia, para que aborten, para pensar sin riesgos si es su deseo gestar y dar a luz o abortar. Lapso muy razonable para pensar con detenimiento.
No es posible aceptar que un grupo de fanáticos obnubilados por sus dogmas pretendan imponer sus ideas moralinas muy personales a toda la sociedad y mucho menos que pretendan castigar a quienes no piensan como ellos.
¿Si el PAN gobernara el DF metería a la cárcel a las 22 mil 198 abortadoras de 2009? ¿Quién está cometiendo el crimen, el GDF al ayudar a abortar a tantas mujeres, incluso guanajuatenses o el gobierno de Guanajuato que ha condenado a una muerte práctica de 20 o 30 años a mujeres mexicanas que en el DF serían inocentes? ¿Quién ha provocado que estemos tan monstruosamente divididos?
Al final, creo que nadie quiere abortar, ni nadie quiere que alguien aborte. El aborto es una decisión extrema ante una situación terrible que suelen darse en esta vida. Nadie quiere obligar a nadie a que aborte, pero las que quieran hacerlo están en su derecho, a pesar de sujetos que viven en el siglo XIV y creen que su autoridad es la Santa Inquisición. El estado no es el dueño de los vientres de las mujeres y no puede obligarlas a la maternidad.