Ingeniero Javier Jiménez Espriu

Ing. Javier Jiménez Espriu

PRESENTACIÓN en el Foro sobre la Reforma Energética en el Senado.

México, D.F.

Señores Miembros de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República
Agradezco su invitación para exponer en este foro mis puntos de vista sobre las iniciativas del Ejecutivo para la Reforma Energética.
En función del tiempo disponible tocaré sólo los temas que estimo de mayor preocupación sobre los textos de las iniciativas y sobre su impacto en la ingeniería y el desarrollo tecnológico de México.
Dejaré fuera los detalles que me parecen mejorables sobre la autonomía de gestión –fundamental para Pemex-, tomando en cuenta que ya se han comentado, incluso por algunos de los Señores Senadores, ajustes necesarios al régimen de gobierno y a las funciones, orígenes y designación de los Consejeros independientes propuestos y sobre la importancia de la Comisión del Petróleo y la vigilancia y el desarrollo de un plan energético de largo plazo del que carecemos y para el cuidado de la plataforma de explotación de hidrocarburos, asunto que se ha manejado en función de las necesidades financieras del país y no de su seguridad energética.
Y desde luego sobre la reforma del régimen fiscal de PEMEX, que me temo vendrá con la consideración de “no afectar la contribución de PEMEX a las finanzas públicas”.
No detallaré tampoco mis dudas –muy personales ciertamente- sobre la legalidad de los bonos petroleros que se ofrecen, que según yo, en los términos planteados transfieren a particulares, aunque sea en mínimas cantidades, parte de la renta petrolera.
Me refiero a mis preocupaciones mayores:
Con plena convicción, considero que la propuesta de Reforma, desde el diagnóstico, es insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante de contenido histórico y ayuna de sensibilidad política.
Menciono los cinco aspectos, porque PEMEX no puede analizarse a fondo, si se soslaya cualquiera de ellos, porque PEMEX no es una industria común.
Se trata no sólo de la empresa que tiene a su cargo los más importantes recursos naturales con que nos dotó la naturaleza, -aunque los hubiera escriturado el diablo- y cuyo cuidado consagra nuestra Carta Magna como área estratégica y de exclusividad del Estado Mexicano.
No es sólo una empresa productora de “commodities”. Es una institución que como ninguna otra, ha hecho viable el desarrollo de México, posible su factibilidad financiera y enfatizado su identidad como Nación independiente.
Es una entidad símbolo que se encuentra enraizada en el alma de los mexicanos. PEMEX es desde su nacimiento, la empresa emblemática de la soberanía nacional.
Su importancia económica, política -interna e internacionalmente- y social, en un todo inseparable.
Además de esas carencias de las iniciativas, resulta insuficiente el plantear como Reforma Energética únicamente la reestructuración de Petróleos Mexicanos -ciertamente la parte más importante del sector energético y de urgente y conveniente reorganización-, sector que es un complejo sistema interdependiente que no puede lograr su optimización con decisiones parciales.
La propuesta resulta además inconsistente, porque surge de un procedimiento contrario a toda lógica. Se ha partido de la decisión de abrir PEMEX al sector privado y luego se han acomodado premisas, argumentos, datos y diagnóstico –en ese orden – para sustentar la solución decidida de antemano.
Los mexicanos sabemos leer, analizar y discernir, y de la lectura, el análisis y la discusión de las iniciativas deducimos con meridiana claridad su intención primigenia y sabemos que si se convierten en ley: se autorizan los contratos de riesgo; PEMEX inicia su privatización, claudicando de la exclusividad que la Constitución le otorga en el conjunto de la industria petrolera y por lo tanto se debilita, se minimiza e inicia su transformación de una industria integrada –forma hacia donde se dirigen todas las del mundo que no lo están aún-, a una organización administradora de contratos cuyos beneficiarios no serán quienes hoy se dice son los dueños del petróleo mexicano.
Hay además, entre esos mexicanos, un importante grupo de compatriotas altamente capacitados en todas las áreas de la industria petrolera, tanto en la paraestatal como en el sector académico, en las jubilaciones prematuras y en empresas privadas a donde los ha llevado la inconsistencia de las políticas públicas, que conocen la verdad de todos los pasos de la industria, de las condiciones de nuestras reservas, las formas de optimizar la producción, los tiempos y formas para la búsqueda de nuevos yacimientos, para la adquisición de las tecnologías necesarias para la industria y para la formación del personal requerido, en suma, capaces de atender las necesidades actuales y futuras de nuestra industria fundamental, sin necesidad de compartir una sola molécula de nuestros hidrocarburos, ni entregar parte de los beneficios de la industria a la participación privada.
No podemos por lo tanto aceptar, como dogmas de fe, las menciones oficiales de que con la propuesta PEMEX se fortalece, que no hay contratos de riesgo en la misma, que no hay privatización, que los hidrocarburos son y seguirán siendo sólo de los mexicanos y que no hay otra forma de incrementar nuestra capacidad de ejecución si no es con onerosas alianzas estratégicas.
Porque permitir los contratos de riesgo, que no es otra cosa lo planteado en los artículo 4o de la iniciativa de la Ley Reglamentaria del Art. 27
Constitucional y 45 y 46 de la propuesta de nueva Ley Orgánica de PEMEX entre otros, que la autorización para suscribirlos por asignación directa, discrecional e incluso, confidencial, o sea, compartir la renta petrolera en beneficio de los poderosos de siempre y en detrimento los dueños legítimos del recurso.
Porque proponer la participación privada en la refinación del petróleo y en la propiedad y operación de oleoductos, es entregar a los poderosos de siempre –de aquí y de allá y más de allá que de aquí-, dos eslabones fundamentales de la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos, decretando el inicio de su desintegración y trastocando el espíritu y la letra de la Constitución.
Porque se refiere a la industria petrolera integral como área de exclusividad del Estado, y en la leyes secundarias se pretende limitar las áreas estratégicas de la industria, reduciendo arbitraria e ilegalmente el espectro que define la Constitución, y transfiriendo al sector privado nacional o extranjero funciones que la letra y el espíritu de la Ley Suprema otorgan indubitable y exclusivamente al Estado. Refinerías y oleoductos pierden su condición estratégica.
Y esto no es otra cosa que privatizar, objetivo fundamental de la propuesta.
Las iniciativas se construyen a partir de algunos datos sesgados, de un lenguaje engañoso y de algunas verdades a medias. Y las verdades a medias, son mentiras dolosas.
Porque es cierto que PEMEX está técnicamente quebrado; que las reservas de Cantarell declinan; que no tenemos aún la tecnología para perforar a grandes profundidades en el mar -aunque no estamos en cero-; que el
Sindicato de PEMEX es enormemente oneroso -aunque eso se soslaya-; que sólo tenemos petróleo para diez años con los actuales ritmos de explotación, válido si ya no hacemos nada para probar nuevas reservas ni optimizamos la explotación de las probadas; que en PEMEX hay ineficiencias y corrupción; que se requiere una reforma de fondo.
Pero ésta debe ser en beneficio única y exclusivamente de la Nación y es sólo parte de una Reforma Energética integral que es importante y necesaria.
Pero también es verdad, que no se exterioriza porque se opone a los intereses de quienes pretenden abrir la industria petrolera a la iniciativa privada, que PEMEX está técnicamente quebrada a propósito, con una cortedad de miras inaceptable y sin consideración de su potencial, ni de su importancia para el desarrollo del país, ni de sus necesidades de inversión, mantenimiento y modernización -para lo que es ampliamente solvente- y de protección de la soberanía de la Nación.
Que esto ha sucedido por largo tiempo y sin definir una política energética ni petrolera que es imperiosa para el desarrollo de la industria y de México, como es cierto también que esa empresa técnicamente quebrada, con ineficiencias y algunos grupos y personas corruptos –lo que no es de ninguna manera aceptable y urge modificar – es de todas formas una de las petroleras más rentables del orbe, sino es que la más, antes, desde luego, de las exacciones impositivas y políticas a que está sujeta.
Que es la única petrolera del mundo a la cual sus administradores no le han permitido aprovechar los recursos del “boom” del precio del petróleo para atender sus deficiencias y rezagos; para instalar refinerías, para modernizar y ampliar su red de ductos, para incentivar la investigación y el desarrollo tecnológico y para promover la industria petroquímica.
Que contamos con tantas posibilidades de explorar y encontrar petróleo y gas en el territorio y en aguas someras como en las grandes profundidades del océano; que la urgencia de ir al fondo del mar es sólo de los interesados en la participación privada en PEMEX y no de la razón técnica ni de la planeación estratégica.
Y así, otras muchas verdades que se ocultan para no desvirtuar las que parecen dar argumentos a una decisión tomada, porque siguen insistiendo en lo mismo: abrir PEMEX a las “alianzas estratégicas” – ahora con contratos de desempeño-, decisión extrañamente tan válida e invariable para quienes la han propuesto, cuando nuestro petróleo estaba a 30 dólares por barril, que ahora que está a 100.
Si fuera verdad que no tenemos ni la capacidad tecnológica ni el dinero, cierto es que tenemos el petróleo y quien tiene el petróleo puede poner las reglas del juego para adquirir la tecnología y obtener el dinero.
Y estamos a tiempo también para seguir preparando a nuestros ingenieros y técnicos, algunos de los cuales lo están haciendo a pesar de la poca voluntad y aliento de los políticos y estarán en condiciones para adquirir la tecnología –en términos de desarrollarla o comprarla y asimilarlas- con acuerdos comerciales de transferencia con quien la tenga y en tiempo oportuno.
Esta Reforma Energética planteada es el pretexto para la reestructuración de PEMEX, urgente sin duda, conveniente sin duda; pero la premura de su presentación esta fundamentalmente motivada no por la reestructuración en sí, sino por el interés en su apertura al sector privado. La propia iniciativa, en los tiempos que marca, señala el ritmo precavido de muchas de sus propuestas válidas sobre la autonomía de gestión y sobre el uso de los recursos excedentes, pero establece en cambio, como inicio de las posibilidades de contratación en un régimen especial por demás laxo, el día siguiente a la publicación de la Ley.

La reestructuración y sus resultados tomarán varios años –ya lo mencionó el propio Presidente- y ya no tocará a su administración el disfrutarlos-, ...
pero los contratos fluirán de inmediato.

En el documento del Banco Mundial titulado: “Creando las Bases para el crecimiento equitativo de México, 2006-2012”, entregado a nuestro gobierno unas semanas antes del envío de las iniciativas al Senado, se dice en lo relativo a energía que: “aunque la condición de PEMEX como monopolio de Estado está garantizada en la Constitución, sería necesario encontrar alguna forma de asociarse con otras compañías para realizar actividades de exploración que eviten problemas de seguridad energética en el futuro y generen incentivos al trabajo eficiente en el sector. Petróleos Mexicanos carece de recursos técnicos y financieros para realizar actividades de exploración más intensas”.
El dogma de que “no tenemos ni el dinero ni la tecnología y por lo tanto no queda otra que asociarnos entregando parte de la riqueza nacional” –ahora que nuestro petróleo cuesta más de cien dólares por barril–, es un falso dilema que tiene su origen, queda claro, en las oficinas del Banco Mundial y en las reflexiones de los analistas pagados para establecer el plan estratégico de los dueños del Banco, que no tienen ciertamente como objetivo el crecimiento equitativo de México, sino el garantizar la seguridad energética de los mayores consumidores de petróleo del mundo.
No es explicable, entre otras muchas cuestiones sin explicación, tanta coincidencia entre las recomendaciones del organismo internacional y las iniciativas presidenciales.
Que lamentable que estén tan cerca de las recomendaciones del Banco Mundial y tan lejos de los Sentimientos de la Nación.
Esta propuesta, por lo demás, no es ningún invento original; ya en 1992, sin modificar la Constitución y a través de leyes secundarias – inconstitucionales, según yo– se abrió la generación de energía eléctrica para servicio público y hoy el 30 % de la generación para este objeto, que según la Constitución es área de exclusividad del Estado, la hace el sector privado, extranjero, en un negocio redondo, sin riesgo, que le ha dejado pingües ganancias a diversas empresas transnacionales y que no se ha reflejado en ningún beneficio para los ciudadanos.
Así se “fortaleció” a la Comisión Federal de Electricidad, con los mismos argumentos de que no se privatizaba, que no se vendería un solo tornillo de la paraestatal, luego de amenazarnos, igual que hoy con el petróleo, de que en pocos años nos faltaría la electricidad si no se aceptaba la modificación propuesta.
Evidente y preocupante semejanza entra nuestra reciente historia eléctrica y nuestras perspectivas petroleras.
Sobre ese asunto quisiera hacer un comentario pertinente –o impertinente, juzgarán algunos. En 1993, recién aprobada la mencionada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, oí en un programa de televisión que conducía Nino Canún, una amplia discusión sobre el tema, en la que, el licenciado Felipe Calderón, entonces diputado por Acción Nacional, tuvo una participación inteligente, razonada, informada, al final de la cual, concluyó: yo estoy totalmente de acuerdo con el objetivo de permitir a la iniciativa privada su participación en la generación de energía eléctrica, pero estoy plenamente consciente –dijo- de que la ley aprobada es anticonstitucional.

Mi opinión personal y debo exponerla aquí, es que nos engañaron antes con la amenaza y nos quieren engañar ahora con el disfraz.

Sí se puede contratar la tecnología sin compartir una sola molécula del hidrocarburo y sí se autorizan los contratos de riesgo en las iniciativas.


¿Qué haremos después en una nación como la nuestra, sin ingeniería y desarrollo tecnológico propios?

Seguramente, otra vez, cambiar vidrios y espejos por los frutos de nuestras entrañas –del crudo a la mano de obra barata-, aunque ya no usemos penachos con plumas ni obtengamos nuestros títulos y grados en el Calmécac.

No hemos aprendido una lección fundamental: la autodeterminación tecnológica, y por ende el apoyo al desarrollo de la ciencia y la tecnología, son cuestiones de supervivencia nacional y nosotros, en lugar de estimularlo, hemos ido cancelando, por ignorancia, por soberbia o por intereses discutibles, los escasos logros en investigación y desarrollo que un día fueron y hemos obstaculizado el florecimiento de nuevas acciones.
Les agradezco su atención.
Ing. Javier Jiménez Espriu
Mayo 15 de 2008